La cuestionada televisión abierta de Chile será más monopólica aún, tampoco mejorará la deplorable mala calidad de sus contenidos e incluso habrá que pagarla con la implantación de la televisión digital terrestre, según la ley aprobada el miércoles 6 por la Cámara de Diputados con 107 votos a favor y 1 en contra. La iniciativa, que se tramita desde noviembre de 2008, pasará ahora al Senado.
La legislación sobre la nueva tecnología digital abrió la posibilidad de un debate abierto sobre la democratización de la televisión abierta, que surgió en Chile a comienzos de los años 60 como actividad exclusiva de las universidades tradicionales (Católica y De Chile), pero la nueva ley consolida el control de los actuales dueños privados del negocio de la TV. A juicio de los especialistas Chiara Sáez y Jaime Mondría, vinculados al Observatorio Fucatel, “esta ley podría mejorar el escenario señalado, pero en vez de eso, lo empeora (…) El proyecto de TV digital se ha vuelto cada vez más beneficioso para los actuales grandes canales de televisión, los mismos que los telespectadores evalúan negativamente”.
Aunque ya existen bastantes señales pagadas de canales de cable y satélite, la nueva ley faculta a los dueños de la TV a cobrar por la mitad de sus transmisiones, que se supone seguirán ofreciendo su habitual calidad cero, más allá del fútbol. El boletín oficial de la Cámara anunció con todas sus letras que “en relación a la facultad de hacer nuevos negocios, se permitirá a los concesionarios destinar hasta el 50% del espectro de concesión para levantar señales de Televisión de Pago”. Para Sáez y Mondría, “este artículo (31A) contradice el uso consagrado para las bandas del UHF y del VHF del espectro radioeléctrico, que está pensado para el desarrollo de señales abiertas de televisión”.
Los grandes operadores actuales de la TV tampoco necesitarán concursar para obtener una concesión digital, según los artículos II y III transitorio de la ley aprobada por Diputados. Pero los legisladores de la derecha y la llamada “izquierda” (Concertación de Partido por la Democracia) coincidieron en no otorgar este mismo derecho a los canales regionales, locales ni comunitarios que actualmente se encuentran funcionando y suman más de 100 estaciones en todo el país. El Observatorio Fucatel anotó que “estos artículos transitorios atentan gravemente contra el derecho de igualdad ante la ley, en este caso de los distintos modelos de televisión existentes en Chile. La ley da mayores facilidades a los operadores más fuertes y pone más barreras de entrada a los más débiles, profundizando así la desigualdad dentro del sistema televisivo”.
“Primero perdimos la televisión universitaria, después perdimos la televisión pública y ahora perderemos la televisión abierta… ¿Qué podemos hacer, entonces, como ciudadanía informada y activa?”, se preguntaron en el Observatorio Fucatel la socióloga Chiara Sáez, doctora en comunicación y participante del Observatorio Internacional de Televisión (OITV) de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Jaime Mondría, actor, gestor cultural y activista ciudadano por una TV digital democrática.